Los recursos hídricos son uno de los condicionantes más importantes en la constitución y desarrollo de una sociedad. En aquellos países en que por desgracia no son un bien abundante, las presas han ejercido un rol determinante en el binomio necesidad-disponibilidad de agua, permitiendo un aumento de la calidad de vida que se ha traducido en un crecimiento poblacional, económico y cultural. Alrededor del mundo, y especialmente en España, la necesidad de corregir los desajustes de disponibilidad de agua mediante el proyecto y la construcción de obras hidráulicas ha gestado un gran patrimonio ingenieril que hoy representa una gran responsabilidad para la comunidad científico-técnica, la cual debe fomentar el estudio, y sobre todo la conservación de estas obras civiles.
A raíz de las crecidas registradas a principios de año, algunas de las infraestructuras de las cuencas del Duero Miño-Sil, Ebro y Júcar presentan importantes daños que deben ser reparados. Ante esta situación, el pasado día diez de junio, el Gobierno de España autorizó unas obras de mantenimiento por un valor de 6,5 millones de euros, según un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Según la propia comunicación, en la cuenca del Duero se invertirán 2,5 millones, en la del Miño-Sil 2 millones, en la del Ebro 1,5 millones, y en la del Júcar, 0,5 millones.
Ante esta decisión, como ciudadanos nos surgen algunas dudas o preguntas. ¿En base a qué criterios ha tomado el Gobierno esa decisión? ¿Económicos? ¿Técnicos? ¿Sólo se disponía de esa cantidad y se ha repartido de forma más o menos equitativa entre las distintas cuencas o se ha establecido la cantidad después de realizar un estudio técnico? ¿Es posible priorizar de acuerdo a criterios objetivos y transparentes estas inversiones?
Es evidente que lo ideal es encontrar una solución de compromiso en la que se seleccionen las actuaciones que los técnicos determinen como más prioritarias, a la vez que sólo se gaste el menor importe económico sin sobrepasar la cantidad que pueda destinar el gobierno a este fin. Ante la evidencia que este problema es y será recurrente, porque todas las actividades recomendadas en los informes técnicos no pueden realizarse de forma simultánea, ya sea por propios factores técnicos o económicos, surge la necesidad de tomar una decisión y establecer una priorización.
Desde Smart Engineering se dispone de diversas herramientas para priorizar inversiones y para gestión de infraestructuras, como el Índice de Priorización para la Gestión de Obras Hidráulicas (IPGOH), un sistema multicriterio de ayuda a la decisión, basado en MIVES, que, con excelentes resultados, permite ordenar y priorizar inversiones no homogéneas de mantenimiento en obras hidráulicas con la voluntad de poder seleccionar aquellas que presentan una mejor respuesta global, y que por tanto aportan un mayor valor añadido tanto para el titular de la presa como para la sociedad.
El modelo divide la evaluación en dos fases, la primera evalúa la grado de daño (independiente del tipo de estructura afectada), mientras que la segunda evalúa las consecuencias desde la perspectiva de la sostenibilidad, es decir, valora las consecuencias sociales, ambientales y económicas que se pueden derivar de ese daño, que evidentemente van a depender del tipo de estructura que lo sufra y del entorno en el que ésta esté ubicada.
La utilización de una herramienta de este estilo, que es rápida de implementar por un técnico experto, permite hacer una gestión más eficiente de los recursos económicos de los que se dispone, además, en el caso de que sea utilizada por una administración pública, es una herramienta excelente para promover la transparencia y para hacer partícipes a los ciudadanos de la toma de decisiones gubernamentales. Una filosofía y una metodología que pueden utilizarse para la gestión de cualquier tipología de patrimonio construido con ciertas modificaciones.
